Las comunidades campesinas y periurbanas del Bolsón de Fiambalá3 se ubican a más de 300 kilómetros hacia el oeste de la ciudad capital de la provincia de Catamarca, sede de Be. Pe., lo que implica que se encuentran en el “interior de los interiores”, expresión idiomática que alude a la condición doblemente periférica del ordenamiento territorial: Catamarca es ‘el interior’ respecto al ‘centro’ representado por Buenos Aires, capital del país; a su vez, Fiambalá es ‘interior’ en la geografía provincial. Esta distinción es un indicador de las condiciones de inferioridad y desventaja en relación con el acceso a los derechos ciudadanos que tienen las poblaciones allí establecidas. Cuando se va más al ‘interior’, se encuentra menos infraestructura y menos dotación de recursos para los servicios básicos, como dotación de agua potable de uso doméstico; atención de la salud pública; educación en todos los niveles; comunicación; transporte de personas y productos y acceso a espacios culturales, de recreación y deporte. Más allá de las dotaciones asignadas por los gobiernos, según la lógica dominante del capitalismo periférico, las poblaciones-comunidades de vida humanas y no humanas son “hacedoras de territorialidades”. En una región de clima seco y semidesértico, la subsistencia depende principalmente de las capacidades socioculturales de regular el uso del agua. Quienes hemos visto y oído el devenir socio-político y geo-histórico de estas conformaciones territoriales, las compartimos con toda persona sensible a la comprensión de narrativas de resistencia y re-existencia de comunidades dignas y rebeldes.

Una investigación realizada por Horacio Machado Aráoz con el apoyo de Be. Pe.4, da cuenta del establecimiento de población indígena en torno al año 1000. Seis siglos antes de la llegada del conquistador europeo, las culturas abaucanas de la nación diaguita habían desarrollado la lengua kakana y una organización cuyo componente económico se asentaba en una vasta producción agrícola, el manejo de camélidos andinos (carne, lana y transporte), además de actividades cerámicas, textiles y metalúrgicas. La vida se desarrollaba en abundancia, con libertad y armonía, al fluir de los ríos generosos y al amparo de la cordillera andina.

Con la llegada del sistema esclavista y de ocupación territorial, la situación se modificó drásticamente, con secuelas nefastas que perduran hasta el presente. En efecto, el Bolsón de Fiambalá pasó a ser, principalmente, proveedor de energía humana, vegetal y animal para la explotación de la mina del Potosí, que tuvo su máximo apogeo entre la segunda mitad del siglo XVII y primera del siglo XVIII. Madera y animales de tiro para las faenas mineras, carne animal para consumo de los mineros y mano de obra esclava para el socavón constituyeron la sangría primordial del territorio y el comienzo de la desertización actual. A ello se sumó la disposición del monocultivo de la vid, la cual quebrantó la diversidad productiva y requirió de mayor deforestación de los bosques de algarrobo para soportar los viñedos.

Además, hacia la primera mitad del siglo XX, la construcción del ferrocarril —necesario para transportar las materias primas hacia los puertos del país, siempre alimentando la acumulación de capital— terminó por devastar el suelo. El paisaje se volvió desolador ante la omnipresencia de los médanos que inundaron el agua que da la vida, debilitaron los cuerpos y achicaron dramáticamente los horizontes.

Las prácticas agroecológicas que se iniciaron con tímidas experiencias en dos o tres comunidades permitieron superar el determinismo impuesto por el monocultivo, incrementaron la comunicación entre todas las poblaciones rurales y, sobre todo, recuperaron la identidad ancestral que estaba negada, ocultada por los procesos de “racialización” impuestos en los espacios colonizados.

Los procesos de acción-reflexión y de investigación participativa que dichas prácticas suponen, dieron origen, en 2009, a la organización de ACAMPA, la entidad que agrupa a las familias campesinas de todas las poblaciones rurales del Bolsón de Fiambalá. A través de ACAMPA, se realizó el crecimiento de predios diseñados desde la concepción agroecológica y la organización de ferias de intercambio de semillas nativas y criollas, una experiencia que lleva más de veinte años de desarrollo. Las ferias, que en un principio eran locales y limitadas a la exposición e intercambio de semillas, plantines y productos artesanales, cuentan en la actualidad con la participación de agricultores de distintos lugares de las provincias de Catamarca y Santiago del Estero; también se suman personas ‘feriantes’ y visitantes de provincias más lejanas: La Rioja, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. El crecimiento paulatino que ha tenido esta experiencia, significó, por un lado, acrecentar la diversidad de productos elaborados y ensayar modalidades de comercialización justa y solidaria; y, por otro, el abordaje colectivo de ejes fundamentales de la ecología política del sur: soberanía alimentaria, justicia hídrica, organización comunal del territorio. En este proceso, que incluyó la lucha por la defensa del agua de riego y la creación de una radio comunitaria de frecuencia modulada, FM Horizonte, podemos identificar los rasgos aguerridos y tesoneros de la herencia étnica ancestral.

Una de las más dramáticas manifestaciones de la crisis del capitalismo global es, indudablemente, la catástrofe ambiental que estamos viviendo, expresada en la menor disposición de energía y materiales y la profundización crítica del cambio climático y de la capacidad de supervivencia de buena parte de los ecosistemas a nivel planetario. La multidimensionalidad de la crisis, que no es solo ambiental, sino también económica, social, política y cultural permite hablar de un colapso del capitalismo global, cuyas evidencias se profundizaron con la pandemia. Esta situación crítica ha llevado a las economías centrales a buscar urgentes soluciones para superar el final de la energía abundante, es decir el pico de los combustibles fósiles.

Los caminos conducen a la necesidad de desfosilizar la economía y, por esta razón, el poder global ha propuesto el capitalismo verde como salida que, para los pueblos, es una falsa solución al cambio climático. Entre las propuestas de transición energética, el capitalismo verde —o economía verde—tiene al litio como una de sus principales estrellas, ya que se lo considera como una materia prima clave para tener una transición hacia una matriz energética sustentable, limpia y descarbonizada.

Es tal el boom del litio a nivel mundial que el tamaño del mercado global de los compuestos de litio se estimó en USD 5.673,38 millones en 2020 y se espera que alcance los USD 21.974,58 millones en 2026. La demanda de litio podría llegar a cuadriplicarse para 2040.

Según el informe elaborado por la Agencia Internacional de Energía, a medida que la transición energética se acelera, las tecnologías de energías limpias representan el segmento de mayor crecimiento; en un supuesto escenario de cumplimiento del Acuerdo de París, el porcentaje de la demanda total de minerales aumentará significativamente en las próximas dos décadas,

El concepto de “desarrollo sostenible” inunda los discursos políticos empresarios mientras se acelera vertiginosamente el extractivismo en sus diversas formas de devastación irreversible. Entonces, llevamos cuatro décadas de experimentar las recetas del capitalismo verde = más crecimiento, mientras la situación de colapso y de catástrofe ambiental que mencionamos, son cada vez más evidentes. Lander concluye que esta evidencia acontece porque las soluciones que presentan los organismos multilaterales en cuestión se fundan en “mitos, falsedades, distorsiones, estafas conceptuales”.

Como vemos, se trata de una gran falacia y una profundización de la realidad colonial en las relaciones Sur-Norte. No solo es mentira la desfolización de la economía. Se oculta también que la extracción de litio produce impactos irreversibles en los ecosistemas.

Claramente, estos daños o “externalidades” ocurren en el Sur. Las ciudades imperiales podrán circular en automóviles eléctricos, tendrán sus ambientes y sus conciencias más limpias, a costa de la destrucción de los medios y de los modos de vida de poblaciones

Los discursos que posicionan al litio como estandarte de una revolución energética hacia una matriz más limpia e igualitaria ocultan la base de los flujos materiales que sostendrán la transición de los países del Norte global, a partir del consumo de los bienes comunes del Sur global. Se trata de una reedición de lo sucedido con el petróleo durante el siglo XX, con la consecuente profundización de las desigualdades, despojos y devastaciones ambientales y conflictos sociales en los lugares de enclaves extractivos.

Litio: transición energética, extractivismo y deuda

La maldición de la abundancia que ha caracterizado la historia colonial de nuestra América, se reproduce con el litio. Sus más importantes reservas a nivel global —68%10— se encuentran en América Latina, particularmente en el denominado triángulo del litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile. En el caso concreto de la Argentina hay tres provincias del norte del país, Salta, Jujuy y Catamarca, que en abril de 2021 conformaron la Mesa Nacional del Litio junto con el Gobierno nacional, con el propósito de trabajar conjuntamente en su explotación e industrialización.

Ahora bien, ¿qué hay detrás del litio en países como Argentina? Tratándose de un mineral considerado estratégico a nivel mundial, su demanda asegurada genera la obtención de divisas, con dos propósitos en lo inmediato: alimentar las famélicas reservas del tesoro nacional y hacer frente al pago de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional.

La explotación del litio alimenta el discurso estatal de “crecer para pagar” y ese crecimiento está entendido como la expansión de los extractivismos en nuestros territorios, que no es más que la permanente reedición de la acumulación por despojo que caracteriza las relaciones históricas y actuales entre el Norte Global y el Sur Global.

En esta lógica, “crecer” significa sacrificar territorios y entregar nuestros bienes comunes a empresas transnacionales que, no solo son incentivadas a invertir y recibidas con los brazos abiertos, sino que se les ofrecen importantes beneficios impositivos y fiscales (ver infografía a continuación). Esta es una de las razones por las cuales la minería solo aporta 0,76% al Producto Bruto Interno de Argentina, según datos oficiales de noviembre de 2020.

En la provincia de Catamarca existen cinco proyectos de litio que se encuentran en etapa de exploración avanzada, en construcción o en producción. Tres de estos proyectos se ubican en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra; Fénix de la estadounidense Livent; Sal de Vida de la australiana Galaxy Resources LTD y Sal de Oro de la surcoreana Posco. Otro de ellos, Kachi, se ubica en el Salar Carachi Pampa, también en Antofagasta de la Sierra, de la australiana Lake Resources. Y el quinto, Tres Quebradas, se encuentra en la Laguna Tres Quebradas, en el departamento de Tinogasta, de la china Zijin Mining. En 2016, el pueblo de Fiambalá comenzó a ver que circulaban por sus territorios los vehículos de Liex S.A., una empresa dedicada a la exploración de litio, subsidiaria local de la corporación canadiense Neo Lithium. En ese momento, la empresa ya era propietaria del 100 % de los derechos mineros del salar Tres Quebradas, uno de los salares con mayor concentración de litio conocida de América Latina, y contaba con un Estudio de Impacto Ambiental de la etapa de exploración aprobado.

En enero del 2022, el proyecto fue adquirido en su totalidad por la china Zijin Mining y Liex S.A. quedó como su subsidiaria. Esta compra responde a la estrategia desplegada por el gigante asiático para asegurarse el acceso al litio como recurso clave de los procesos industriales que ya se están implementando a nivel global.

El acuerdo entre Neo Lithium y Zijin para la adquisición del proyecto era que la operación de compra por la corporación china se concretaría una vez aprobado el Informe de Impacto Ambiental para la construcción y operación, lo que ocurrió precisamente en enero de 2022.

Es importante aclarar que el proyecto está emplazado en el subsitio sur que forma parte del sitio de lagunas altoandinas y puneñas de Catamarca, reconocido bajo el Convenio Ramsar y que, además de albergar una rica biodiversidad, estas lagunas tienen un rol en el equilibrio ecosistémico global ya que regulan la temperatura del planeta.

Cuando analizamos el fuerte avance de las actividades extractivas en nuestros territorios, entre ellos la megaminería, observamos el involucramiento de importantes corporaciones transnacionales, que frecuentemente están representadas por subsidiarias nacionales, como es el caso de la empresa Liex S.A., y cuando observamos las formas de operar de esas corporaciones, la realidad política y territorial nos revela que cuentan con la garantía de los Estados en todos sus niveles. Las evidencias son muchas.

En primer lugar, los discursos que emanan de los poderes políticos colocan a los proyectos extractivos y a las empresas que los implementan, como el medio que permitirá el salto hacia adelante del “desarrollo” y el “progreso” de las localidades y regiones donde se asientan, en el marco del mismo discurso a nivel nacional y latinoamericano. En este sentido y teniendo en cuenta el caso Liex en el Bolsón de Fiambalá, gran parte de los discursos de funcionarios públicos, entre ellos la intendenta de Fiambalá, se centran en destacar que gracias al Proyecto Tres Quebradas —3Q—, las distintas localidades de la zona lograrán tener un futuro, ni mejor ni peor, simplemente un futuro. Y esto es así aún en el marco de una audiencia pública como la que se realizó en la localidad de Fiambalá el 17 de diciembre de 2021, en la que se presentó el Informe de Impacto Ambiental de la Fase de Explotación de ese proyecto. En el evento asistimos a la puesta en escena de una parodia, donde el Estado provincial, representado por la secretaria de Minería; el ejecutivo municipal, presente en la persona de la intendenta, y una mujer que oficiaba de secretaria y conductora de la audiencia, desarrollaron el triste papel de títeres al servicio de los intereses empresariales. Quizás esto no nos sorprende porque sabemos que los Estados en todos sus niveles no son neutrales y que vienen tejiendo alianzas estratégicas con las corporaciones transnacionales.

Lo que sí nos sorprende es el descaro sin máscaras con el que las autoridades políticas “vendieron” el proyecto. En este sentido, Roxana Paulón, intendenta de Fiambalá, expresó en las palabras de apertura de la audiencia:

“Desde el año 2016 hasta ahora hemos transitado un proceso de aprendizaje entre el estado, el pueblo de Fiambalá y la empresa Liex. Hoy estamos en presencia de una asamblea pública. Celebro los procesos públicos y democráticos. Debemos ser responsables porque no estamos frente a un proyecto de desarrollo de un año, estamos ante un gran proyecto de desarrollo de 50, 60 años para todos los fiambalenses. Quiero ratificar como autoridad de este pueblo mi compromiso nuevamente con la sociedad de Fiambalá, pero necesito que podamos seguir creciendo y nos podamos seguir desarrollando. Queridos vecinos: seamos hoy partícipes útiles y comprometidos con nuestra querida sociedad. Sabemos lo que necesitamos los fiambalenses para poder crecer y desarrollarnos”. Y en el cierre de la audiencia, la intendenta volvió a recalcar que “Los vecinos no quieren más madres llorando despidiendo a sus hijos en una terminal (porque no tienen trabajo). La empresa Liex representa la esperanza para nosotros. Desde lo personal, quiero agradecer a la empresa Liex y quiero que sepan que voy a seguir teniendo la misma exigencia, el mismo compromiso con nuestro pueblo. Hoy en Fiambalá hay futuro, hay paz, hay esperanza”.

Si alguna vez nos enseñaron que el Estado es un árbitro imparcial, las alianzas y complicidades que las distintas formas del extractivismo tejen con los Estados, hoy nos demuestran todo lo contrario. No se trata solamente de las complicidades de los Estados; muchas ONG y algunos sectores universitarios también trabajan al servicio de las empresas.

En el tejido de alianzas entre Estados y empresas se encuentra la responsabilidad social empresarial (RSE). En los territorios atravesados por actividades extractivas con frecuencia se produce un proceso que podríamos denominar de “privatización”, ya que las empresas asumen allí funciones relacionadas con políticas sociales que corresponden al Estado. Así, desarrollan proyectos “comunitarios”, que vistos más detenidamente, no son más que políticas de cooptación y asistencialismo para lograr la licencia social de los proyectos en los territorios que están o serán afectados. Igual que lo que ocurre con los Estados y las ONG aliadas, estos proyectos “para la comunidad” se asocian discursivamente con el “desarrollo local” que generarán los emprendimientos extractivos en esos territorios. El avance de la presencia empresarial en la vida de las comunidades, abierta o subrepticiamente, se traduce en un corrimiento cada vez mayor de las instancias de gobierno en la resolución de los derechos básicos de las poblaciones y en la asunción, también cada vez mayor, por parte de las empresas. Los Estados “pierden” los territorios, se desterritorializan, y los mismos son “ocupados” por las empresas extractivas, muchas de ellas transnacionales. La empresa Liex en Fiambalá no es una excepción. Con el lema de “Comunidad Liex”, la empresa tiene una oficina de relaciones comunitarias en el centro de la ciudad de Fiambalá y en su página web muestra las diferentes “actividades comunitarias” que emprende en la comunidad fiambalense.

Otra estrategia que demuestra esa alianza Estado-empresa fue la presencia de fuerzas de seguridad públicas, tanto provinciales como nacionales, en la puerta del club donde se desarrolló la audiencia. El temor a un posible desborde social de oposición al proyecto llevó al poder político a blindar los intereses de la empresa y “jugar” a la democracia a través de esa audiencia pública monológica.

Además de impactos irreversibles en ecosistemas frágiles y complejos, el Proyecto Tres Quebradas afectará las posibilidades de vida de las poblaciones tradicionales campesinas e indígenas que habitan el Bolsón de Fiambalá. La salinización de los suelos y el agotamiento de fuentes de agua dulce por el excesivo consumo de agua que requiere el proceso de evaporación de las salmueras —necesario para obtener el litio en una minería que se define como minería del agua— son dramáticas afectaciones en suelo, aire, agua y clima, incompatibles con los modos de vida campesina e indígena que necesitan el agua para sostener sus producciones y reproducir sus vidas. Esta negación de los modos de vida campesina e indígena es evidente porque con el litio desaparecen las actividades productivas —agricultura y cría de animales en pequeña escala— que son parte de la identidad que han construido históricamente. Así, este proyecto extractivo, como otros, violenta el derecho a la autodeterminación de los pueblos y los derechos ancestrales de los pueblos originarios y campesinos e impone imaginarios de “desarrollo” asociados a esos proyectos. Así, sus territorios son sacrificados en los altares del extractivismo.

El derecho a la participación y a la consulta libre, previa e informada también se ve vulnerado ya que las audiencias públicas, cuando existen, son espacios donde solo se escuchan las voces empresariales y políticas que sostienen la instalación del proyecto, además de que están “custodiadas” por fuerzas de seguridad.

No podemos dejar de mencionar que el 1 de noviembre, la policía minera de Catamarca clausuró la planta piloto de litio de la empresa china Zijin-Liex en la localidad de Fiambalá. Si bien todavía no hay información oficial sobre las razones de la clausura, ya comenzaron a circular algunas posibles explicaciones, a través de los medios locales y de la voz de las asambleas que luchan contra el avance del proyecto. Entre ellas se mencionan: irregularidades en el manejo de residuos químicos y en las normas de seguridad e higiene propias de una planta que manipula agentes químicos de alta peligrosidad y la inexistencia de enfermería, que es un requisito indispensable para la habilitación y funcionamiento de una planta de estas características.

Estas serían las razones concretas de la clausura, pero las asambleas catamarqueñas nos recuerdan que hace meses que la empresa está siendo denunciada por las extremas condiciones de explotación y precariedad de sus trabajadores y por irregularidades en cuestiones de seguridad, a la vez que remarcan que los habitantes de Fiambalá sufren procesos de intoxicación a causa del consumo de agua contaminada, lo que podría estar relacionado con las razones de la clausura de la planta.

A partir de la explotación a cielo abierto de Alumbrera, en Catamarca (en 1997) podemos decir que nuestros pueblos y territorios han sido amputados, cruel y bestialmente devastados. Nuestros cerros, horadados, transformados en basurales tóxicos. Nuestro aire envenenado con gases sulfúricos y radiactivos. Nuestras fuentes de agua, severamente disminuidas, convertidas en dique de colas cual espectro de muerte, haciendo nuestro el dolor de Mariana y Brumadinho, en Brasil. Lo que las empresas denominan “pasivos ambientales” —los que quedan cuando terminan sus actividades— son activos de muerte y desolación, donde no es posible desarrollar actividades vitales. No puede desarrollarse la vida en un ambiente letalmente contaminado.

Y la pandemia del covid-19 viene a confirmar esta verdad manifiesta de que un mundo enfermo produce una humanidad enferma de manera recíproca e ineludible. Nos animamos a sostener que esa enfermedad está directamente vinculada a la pulsión de la ambición. Una ambición sin medida que tiene su punto de inflexión en el llamado descubrimiento de América, cuando el ojo invasor vio, en el oro, el reflejo del “dios perfecto” en su exigencia de sangre para ser adorado.

Tampoco podemos dejar de mencionar la presencia de las iglesias cristianas en el devenir histórico de este mal desarrollo. Y en este punto, mencionar que no pocas veces dichas iglesias han apoyado —por acción u omisión— la empresa destructiva que fue la conquista y colonización del Continente, mientras que las voces de los Montesinos y de los Bartolomé de las Casas fueron tratadas de socavar. Hoy, en consonancia con esa herencia que nos toca, la Red Iglesias y Minería ha articulado procesos en defensa de territorios y comunidades afectadas por la gran minería transnacional, a la vez que desarrolla, entre otras actividades, la Campaña de Desinversión en Minería.

Como parte integrante de esta Red, presentamos este caso de expolio que acontece en el Bolsón de Fiambalá, en el oeste de Catamarca, en Argentina. Venimos a decirles, de fuente fidedigna, que la explotación de litio en las lagunas altoandinas de Tres Quebradas, al igual que todas las explotaciones que se realizan en el Sur global constituyen instancias de la guerra desatada a partir de 1492, que no ha cesado hasta nuestros días: una guerra contra la Madre Tierra, contra las mujeres y los pueblos agro-culturales, contra las culturas estigmatizadas como primitivas.

Yayo Herrero reflexionando en torno a la situación generada a partir del covid-19, nos dice:

No nos encontramos ante el suicidio de la humanidad, sino ante el asesinato de mucha vida a manos de una parte de la humanidad.

En esta situación de colapso nos toca discernir en qué lado de la humanidad ubicaremos nuestra posición política y religiosa. Desde la Fe que nos anima, los invitamos a escuchar las “demandas silenciosas de los seres vulnerables que aspiran al reconocimiento de una ‘dignidad cosmocéntrica’ basada en el principio ético de la responsabilidad y el imperativo político del cuidado.