“¿Para qué pasamos por este mundo?¿para qué vinimos a esta vida? (...) ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá”.1
El valle de Tambo, ubicado a una altitud de 82 msnm, se encuentra en el área costera de la región Arequipa. Está atravesado por el río Tambo que da vida a un área agrícola de más de 12 000 hectáreas, donde pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros agrícolas —junto a los camaroneros, pescadores y las familias que se dedican al turismo en tiempos de verano— generan riqueza y bienestar, y juega un papel estratégico en la seguridad alimentaria de las regiones del sur (Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno, Cusco) y algunos vecinos países como Bolivia, Ecuador y Colombia adonde llega la producción de papa, ajo y cebolla.
Las familias del valle tenían una vida pacífica hasta antes de la llegada del proyecto minero Tía María de la empresa Southern.
La llegada de la minería ha cambiado todo.
La resistencia y movilización, violencia que ha generado cientos de heridos, la muerte de 7 ciudadanos y la criminalización de decenas de dirigentes y pobladores.
"Esta gente desde muchos años vive de la agricultura, es el sostén de cada uno de sus hogares, el valle de Tambo no es un pueblo atrasado, no es un pueblo mendigo, tiene su progreso. Es por eso que los agricultores se resisten a que esta minera ingrese al Valle de Tambo porque temen realmente que su agricultura vaya a decaer"2
Desde el 2010, la empresa Southern, como parte de su estrategia de construir consensos a favor de su inversión, ha publicitado de manera permanente que el proyecto minero Tía María.
La empresa Southern ha hablado de US$ 1 400 000 000 de inversión y “beneficios”. de 650 puesto de trabajo directos y 3500 puestos de trabajo indirectos en la fase de explotación.
Riqueza que no comparable con la riqueza alimentaria, la biodiversidad, la posibilidad de producir la tierra.
El valle de Tambo es considerado por los agricultores un paraíso porque “da de todo” en las dos campañas que empiezan con la siembra del arroz en el mes de diciembre, y luego de la cosecha en mayo, inician con la siembra de papa, cebolla, y ajo entre los meses de mayo y junio; sin embargo, en el valle se produce una diversidad de cultivos por la riqueza de sus suelos y clima: ají, alfalfa, betarraga, caña de azúcar, granado, maíz amiláceo, maíz chala, maíz choclo, maíz morado, olivo, tomate, pacae, quinua, trigo, zapallo, camote, paprika, sandía y otros.
En esta actividad se emplean más de 25000 productores, siendo el sustento de sus familias y las proveedoras de alimentos a mesas de millones de familias más.
La riqueza que genera la agricultura en el valle de Tambo ha permitido que las familias puedan educar a sus hijos, construir sus viviendas y que miles de migrantes temporales de la sierra del sur del Perú accedan a un trabajo en las labores agrícolas.
“Entonces nosotros teníamos que decidir, o somos mineros o somos agricultores y nosotros hemos decidido ser agricultores”3
Ante el avance y la imposición del proyecto minero Tía María por parte del Estado y la Empresa, en Septiembre 2009, los pobladores y pobladoras del Valle del Tambo hicieron una consulta popular para que la población decida si quiere o no actividad minera en sus territorios.
El resultado fue contundente: el 96% manifestó su rechazo a la actividad minera y 4% estuvo de acuerdo.
La consulta popular no solo constituía el consenso colectivo y la legitimación social del rechazo del proyecto Tía María por parte de la población, sino la reafirmación de la decisión mayoritaria de vivir de la actividad agrícola.
Este es un momento fundamental, dado que en los posteriores y permanentes conflictos una de las razones fundamentales que han sostenido los agricultores es: “Nosotros hemos decidido ser agricultores en la consulta popular”.
“El estado de emergencia en el 2015 fue una represión impune, una represión brutal que lo realizaron a las 12, 1, 2, 3 de la mañana. Entraban casa por casa y tumbando quinchas, puertas y a sacar a la población, hay gente que ha sido testigo presencial donde los sacaban y los arrastraban así, una, dos cuadras, los arrastraban, donde se les ha pegado la piel, al final la ropa se les ha pegado al cuerpo ensangrentado, qué se puede decir, ha sido la brutalidad en extremo”4
La población del valle de Tambo tiene dos grandes razones para no querer el desarrollo del proyecto minero Tía María:
la razón económica, vinculada al temor a la afectación de la economía agraria de la cual viven más de 20 000 familias;
la razón política relacionada a que el 2009 el 96 % decidió que no quería el proyecto minero.
No obstante la posición de la población del valle de Tambo, los gobiernos de García, Ollanta, Kuczynski y Vizcarra han legitimado y buscado imponer el desarrollo del proyecto minero apelando a una supuesta falta de mayor socialización, comunicación y diálogo, lo que ha generado sucesivos conflictos y violencia.
Así, en el 2011 se dio un paro que duró casi 30 días que terminó con 3 ciudadanos fallecidos, decenas de heridos por bala y perdigones (más de 200) y unos 50 detenidos; la violencia continuó en el 2015, dada la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto en agosto del 2014, la cual generó un paro por casi 60 días en el 2015 (marzo a mayo). Esta acción trajo como consecuencia el fallecimiento de 3 ciudadanos, centenares de heridos por balas y perdigones (más de 300), unos 20 detenidos y se declaró el estado de emergencia donde dominó la violencia impune; el siguiente paro se produjo después de la aprobación de la licencia de construcción en julio del 2019 y generó el inicio de movilizaciones y enfrentamientos que trajeron como consecuencia la detención de más de 30 ciudadanos, decenas de heridos, y la permanencia de 950 policías en el valle hasta enero del 2020: “950 policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) de Lima y de la Unidad se Servicios Especiales (USE) de Arequipa, en el Valle de Tambo sólo permanece un grupo de 150 policías, los mismos que están apoyando en las comisarías distritales en grupos de 10".5
La violencia, la represión y la afectación de derechos por la persistencia e imposición del proyecto Tía María, por parte de la empresa minera y el Estado, han generado que la población haya abandonado sus momentos de tranquilidad y esté envuelta en una permanente violencia durante doce años por “razones” de dinero y negocios empresariales: Southern ha invertido más de US$ 200 millones en el proyecto Tía María, ha comprado fajas y una planta adquirida para el proyecto que tuvo que venderla.6
La violencia en el valle continúa, así como la negación de la justicia a las familias de las víctimas de la violencia. El Estado está ausente como garante de derechos.
El proyecto minero de Tía María durante los doce años no ha logrado construir consenso ni legitimidad a favor de su inversión; por el contrario, ha generado violencia sobre el pueblo del valle de Tambo que ha fortalecido aún más su posición de rechazo al proyecto minero, y la reafirmación de su posición a favor de la agricultura.
Luego del conflicto en 2015, la empresa, usó uno de los mecanismos que se usan en muchos lugares para dividir a la población y captar más adeptos.
Desplegó el Plan Reencuentro a través de la organización Valle Unido ofreciendo: empleos temporales, atención médica gratuita, Tambo Ganadero, Pinta Tu Casa, internet gratuito, abono para cultivos, Cosechadora de Arroz, regalos en Navidad, talleres, asistencia técnica, donación de herramientas agrícolas, pantallas gigantes para ver los partidos de fútbol de la selección peruana, etc. Mientras que entre el 2018 y 2019 inició inversiones en pequeña infraestructura (paraderos, defensas ribereñas, etc.). Asimismo, tiene pequeños aliados locales.
Con esto, busca, “construir legitimidad” con el efecto político de fragmentar o dividir a la población entre quienes se sienten “beneficiados” por los empleos temporales generados y los que quieren vivir de la agricultura. Es decir, ha buscado construir legitimidad y consenso sobre la base del asistencialismo y el clientelismo minero.
Esta esquiva legitimidad a favor de la empresa ha llevado a que Southern invierta en millonarias campañas publicitarias para mostrar los supuestos beneficios del proyecto Tía María y se invente permanentes supuestas encuestas donde más del 50 % de la población del valle de Tambo estaría a favor del proyecto.
Así, ante la oposición a la licencia de construcción por parte de la población del valle la empresa y sus aliados de los gremios empresariales han afirmado que el proyecto Tía María viabilizaría U$ 8000 mil millones de inversión7. Aunque se le ratificó la licencia a Southern, mientras continúa creando “condiciones sociales” a favor de su proyecto, no pudo evitar el efecto económico de la caída de sus acciones en 18%8 en el 2019, quedando claro que su insistencia en el proyecto Tía María tiene millones de razones económicas.
“Yo tenía mis procesos en Mollendo, lo han llevado todo a Arequipa, yo tengo que ir a firmar a Arequipa las 3 veces por mes perjudicándome económicamente, poniendo en riesgo mi vida porque cualquier cosa puede pasar en camino abandonando a mi familia y gastando dinero”9
En el Perú es extendida la privatización de la fuerza pública. Así, la policía nacional, trabaja para los intereses privados, y del capital, en detrimento de la garantía de derechos de sus ciudadanos. En 2010 Southern firmó un convenio con la PNP para su seguridad, en febrero del 2021 ha sido nuevamente firmado: se asignó 15 efectivos policiales (oficiales y suboficiales) para similares fines10. En Estos convenios constituyen una enorme puerta para la violación de derechos.
Así, en los conflictos del 2011 y el 2015 la privatización en el uso de la fuerza pública, la represión y el uso desproporcionado de la fuerza fue parte del conflicto en Tía María. Estos conflictos estuvieron atravesados por permanentes enfrentamientos predominantemente violentos que enfrentaba al aparato policial del Estado y a los sectores agrarios movilizados, en una muestra clara del uso de la fuerza pública para garantizar derechos privados empresariales.
En el Perú es extendida la privatización de la fuerza pública. Southern Perú firma convenios con la PNP XI Dirtepol (región Arequipa) para que se le brinde protección, vigilancia y seguridad al proyecto Tía María.
Además de la estrategia represiva, la otra estrategia desplegada por el Estado es la criminalización de dirigentes/as y ciudadanos/as del valle de Tambo. Así, posconflicto del 2015 se denunciaron “entre 118-120 personas, a través de diferentes fiscales, hay por asociación ilícita para delinquir, por peculado, por violencia y resistencia a la autoridad, por daños materiales, por lavado de activos, por tortura, por disturbios, extorsión, a uno le imputan, dos, tres, cuatro, cinco cargos, terrorismo también”11. Denuncias que, en parte, luego de 5 años (enero 2021) han generado la absolución de 11 procesados y la sentencia de más de 7 años de prisión efectiva para 2 dirigentes por los delitos de entorpecimiento de los servicios públicos y motín. La criminalización tiene un claro objetivo político: desestructurar el movimiento social, paralizar la capacidad de movilización y organización, generar miedo y disciplinar la actuación de los/las dirigentes/as y ciudadanos/as.
No obstante los 12 años de violaciones de derechos en el valle de Tambo, el Estado y Southern continúan insistiendo en imponer el proyecto sobre la decisión de sus ciudadanos y ciudadanas.
“Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y consumir”12.
